El Parlamento de Navarra ha celebrado hoy la entrada en vigor de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La norma, que cuenta con el respaldo de FUTUNA y, por ende, de las 31 entidades coaligadas en torno a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), supone un paso adelante en el ejercicio de derechos, deseos y preferencias, hasta la fecha supeditados a autorizaciones de diversa índole. La tutela, por tanto, da paso al derecho a decidir, en lo que supone un nuevo paradigma de corte inclusivo cuya viabilidad, como bien han advertido todas las partes, atañe a la sociedad en su conjunto.

En ese contexto, la Cámara ha hecho explícito su respaldo a la Ley 8/2021 por medio de un acto con el que, a instancias de la Fundación Tutelar Navarra (FUTUNA), se pretende dejar constancia del compromiso unánime de la institución con los dictados de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, un texto cuyo traslado a la legislación foral se desea optimizar siguiendo las pautas del informe promovido por el Parlamento junto al CERMIN y la UPNA.

Así lo ha atestiguado Unai Hualde, que se ha referido al citado estudio para hacer suya la propuesta principal, condensada en la oportunidad de promulgar una Ley Foral de garantías de los derechos de las personas con discapacidad.

“Queda mucho trabajo por hacer, pero contamos ya con una hoja de ruta centrada en trabajar por y para la igualdad de derechos de todas las personas. Aprovecho para recordar que la pasada legislatura se aprobó la Ley Foral 12/2018 de accesibilidad universal y se modificó el Fuero Nuevo para, entre otros, promulgar una Ley especial sobre capacidad y medidas de apoyo a las personas”.

Respecto a la Ley 8/2021, el Presidente ha reconocido que se trata de un “paso importante”, no en vano “mejora, actualiza y propicia un sistema basado en el respeto a los deseos de las personas con discapacidad y la promoción de su autonomía”, todo ello “en sintonía con los acuerdos de la Convención Internacional” en la materia.

Así, tras subrayar el “compromiso de todo el arco parlamentario” y mostrar su “agradecimiento a las fundaciones y al grueso de las asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad”, Unai Hualde ha concluido con un recuerdo especial para Fito Jiménez, “uno más de la larga lista de personas implicadas en esta causa. Seguro que, de estar hoy aquí, también habría compartido con nosotros esta celebración. Lo dicho, queda mucho por hacer, pero también es bueno solemnizar los debates, acuerdos y leyes que suponen un progreso”.

Por su parte, Ignacio Recondo, presidente de la Fundación Tutelar Navarra (FUTUNA), ha destacado el alcance de una reforma que regula la instauración de un nuevo modelo de apoyo en la toma de decisiones basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad.

A decir de Recondo, el nuevo enfoque supone un paso adelante por los derechos de las personas con discapacidad, "por fin dotadas del derecho a decidir, como el resto de la ciudadanía".

“La eliminación de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada entrañará un mayor esfuerzo, pero no cambiará la manera, cercana y personal, en que apoyamos a las personas con discapacidad intelectual. Eso sí, estamos ante un cambio de modelo que, para ser efectivo, requerirá de más ayuda a los agentes jurídicos y sociales”.

Al hilo de lo apuntado y en línea con las reivindicaciones formuladas desde la AEFT, Recondo ha solicitado la “inclusión en la cartera de Servicios Sociales del apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, de manera que se configure como un derecho exigible, tal y como sucede en las CCAA más avanzadas. A su vez, requerimos financiación adecuada y estable, materializada a través del concierto social y no en forma de subvención graciable. También necesitaríamos más voluntarios”.

A continuación, Demba Diarra Bah y Bárbara Trébol han dado lectura al manifiesto elaborado para la ocasión por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), un documento el que se llama a “celebrar y hacer visible un cambio que, si bien exigirá una nueva mirada por parte de toda la sociedad”, sitúa a las personas con discapacidad ante la posibilidad de lograr una vida “digna, elegida e inclusiva”.

En ese camino, “para garantizar nuestra participación y que no se pase de la tutela a otras medidas sin saber cuáles son las ayudas que necesitamos”, desde AEFT se demanda la inclusión del apoyo a la toma de decisiones en las leyes de Servicios Sociales. “Sólo así, vivamos donde vivamos, tendremos acceso a ese derecho y podremos exigirlo”.

Con carácter retroactivo, las 31 entidades agrupadas en AEFT piden la “revisión de aquellas sentencias injustas”, en las que “nos sustituían y nos trataban como menores de edad para toda la vida, para su adaptación a la nueva doctrina, basada en las necesidades, preferencias y deseos de cada persona.

El acto ha tenido lugar en el Atrio de la sede de la Cámara y ha contado, entre otros, con la asistencia de Maiorga Ramírez, Secretarios Primero, Marta Álvarez (Navarra Suma), Nuria Medina (PSN), Isabel Aranburu (Geroa Bai), Bakartxo Ruiz (EH Bildu), Mikel Buil (Podemos-Ahal Dugu), Marisa de Simón (I-E), Joaquín Cristóbal Galve, Presidente del TSJN, José Antonio Sánchez, Fiscal Superior de la Comunidad Foral y representantes municipales del Ayuntamiento de Pamplona.

La Fundación Tutelar Navarra es una entidad social sin ánimo de lucro, instituida por ANFAS en el año 1988 y declarada de interés social por el Gobierno de Navarra. Cuenta con 65 personas voluntarias para ofrecer un seguimiento y apoyo personal y patrimonial, vigilando siempre por que las personas consigan su máximo desarrollo personal y calidad de vida.