Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en las provincias de Ciudad Real y Albacete la operación “MANCHA”, dirigida contra personas y sociedades que defraudaron a la Seguridad Social, y han descubierto un fraude superior a los 2.000.000 de euros.

En el análisis patrimonial que realizaron los agentes a las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando una sucesión empresarial que ocultaba los beneficios y bienes de las sociedades investigadas. A pesar de carecer de bienes a su nombre, en sus cuentas bancarias ingresaban elevadas cantidades de dinero sin utilizarlo en al menos reducir las deudas generadas.

Gracias a esta investigación, los agentes han podido determinar la participación delictiva de nueve personas físicas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, así como familiares de los primeros. Se les han imputado delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración de la ejecución y malversación.

Dos matrimonios, un administrador real

Tres de las sociedades investigadas desarrollaban su actividad mercantil en el mismo domicilio físico y, desde el año 2013, empezaron a generar deuda de forma continua, eludiendo así sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Estas sociedades, estaban dirigidas y administradas por un matrimonio que, con el fin de ocultar la dirección de las mismas, nombraron como administradores a otra pareja que, realmente no se hizo cargo en ningún momento de la explotación del negocio. Ambos matrimonios mantenían relaciones comerciales desde el año 2013, cuando una de las empresas investigadas adquirió de segunda mano la mayor parte de la maquinaria para su actividad.

Debido a las deudas, y dado que los únicos bienes de valor eran la maquinaria, en noviembre de 2014 se practicó el embargo en virtud de procedimiento de apremio, nombrando depositaria legal a la administradora de la sociedad con la advertencia de las consecuencias legales que podría tener en caso de trasmitirlas o enajenarlas. Pero, pese a ello, en octubre de 2016 se realizó un contrato de cesión a otra mercantil cuando ya el mes anterior se había procedido a la tasación de esos bienes por importe de 124.000 euros, y comunicado forma y plazo de la subasta que se llevaría a cabo en diciembre del mismo año. En febrero de 2019, esos mismos bienes fueron cedidos en pago de deudas a otra empresa cuyo administrador único era hijo de uno de los administradores de las empresas investigadas. Así, la maquinaria volvía al domicilio de actividad inicial sin producirse el abono de las deudas generadas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los investigadores comprobaron que el administrador de la empresa que realizó el contrato de cesión de la maquinaria en octubre de 2016, con una de las empresas investigadas, fue utilizado como testaferro de un familiar que un mes antes de realizar esta operación cesó como administrador. Además, este primero desconocía absolutamente el negocio e incluso su ubicación, teniendo reconocida una incapacidad absoluta.

Trasvase de trabajadores entre sociedades

Otras sociedades investigadas presuntamente habían creado sucesivas sociedades en las que, además de sustituir a un empresario por otro para continuar con la misma actividad, se producía un trasvase de trabajadores entre ellas con apariencia de sociedad nueva libre de deudas. Uno de los entramados empresariales había sido creado y dirigido por una misma persona, que utilizaba a dos amigos para sustituirle como administrador único ante notario, aunque en realidad siempre era él quien gestionaba y dirigía todas las empresas, manteniendo como trabajadores en todas ellas a su esposa y dos hijos.

Uno de los amigos reconoció ocupar el cargo de administrador como favor, sin ejercer nunca y desconociendo incluso la actividad de las empresas. Esta circunstancia permitió continuar ejerciendo la actividad mercantil, manteniendo las deudas y dificultando posibles embargos, llegando incluso a figurar como domicilio de actividad de una de las empresas un piso adquirido a nombre de los dos hijos y reformado con los trabajadores de otra de las empresas que formaban parte del entramado empresarial.