Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra, y que ha contado con la colaboración de la Dirección General de Tráfico, han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la expedición fraudulenta de carnés de conducir, y que operaba desde Cataluña en varios puntos del resto de España. La operación se ha saldado con 616 detenidos, entre los cuales se encuentran los 14 integrantes de su cúpula. A los arrestados se los relaciona con los delitos de falsedad documental, soborno, blanqueo, pertenencia a organización criminal y contra la seguridad en el tráfico.

Las investigaciones comenzaron en verano del 2020, cuando fue detectada una persona en un control que exhibió un carné de conducir auténtico a pesar de que presentaba un hecho discordante, puesto que el titular tenía sanciones en su expediente en fecha anterior a la expedición del permiso en la Jefatura Provincial de Girona de la DGT. Las gestiones y comprobaciones posteriores acreditaron que se trataba de un permiso fraudulento, a pesar de su aparente autenticidad.

La investigación que se derivaba de este hecho inicial puso de relevo la existencia de una organización criminal dedicada a la expedición fraudulenta de carnés de conducir a ciudadanos tanto nacionales como originarios de otros países.

A partir de la constatación de que se estaba produciendo esta práctica delictiva por parte de personal que trabajaba para la DGT, se trabajó conjuntamente con este organismo para desmantelar esta actividad fraudulenta.

Dado que en un momento determinado de la investigación se detectó que tanto desde la Policía Nacional como desde los Mossos se estaba investigando a personas que pertenecían a la organización, se puso en marcha un equipo conjunto de investigación.

La estructura y operativa de la organización

El cerebro del grupo era un informático que trabajaba como subcontratado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona desde septiembre del año 2019. Este trabajador, aprovechando su puesto de trabajo, usurpó las claves de acceso de funcionarios de la DGT para poder llevar a cabo esta práctica delictiva, en un principio, con familiares y amigos. En el momento que se empezó a instaurar el teletrabajo a mediados de marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia, y ya con un conocimiento superior de cómo funcionaban todas las aplicaciones informáticas de la DGT, y desde la tranquilidad de su domicilio, vio la oportunidad de sacar un rédito económico de sus conocimientos.

Para dar salida a los permisos necesitaba a alguien que le pudiera proporcionar beneficiarios de estos carnés, por lo que contactó con un hombre que le facilitó la red de intermediarios que le hacía falta. Se trata de una persona que ya tenía un historial delictivo y que actuaba como jefe visible de la organización: captaba los clientes, hacía los cobros de los permisos y le daba protección. Este hombre ejercía el rol de colíder de la organización.

La mecánica de actuación era la siguiente: el colíder tejió una red de intermediarios que hacían de conseguidores de los clientes. Se trata de personas que, en algunos casos, regentaban locutorios a los que acudían personas que no disponían de carné de conducir con intención de conseguirlos.

Entonces, proporcionaban la información necesaria respecto del permiso que querían obtener y de sus datos personales, y los conseguidores la proporcionaban al colíder de la organización, que la hacía llegar a su vez al informático que creaba el permiso al sistema de la DGT, que después le expedía el carné físico auténtico, puesto que se desconocía que era fraudulento de inicio. Para hacerlo se saltaba algunos de los pasos requeridos como, por ejemplo, la satisfacción de tasas e impuestos y otros trámites administrativos. A pesar de que el alcance principal de la organización estaba en Cataluña, había beneficiarios de cualquier punto del resto de España. Esta red criminal es responsable de la emisión de 1.800 permisos de conducir españoles auténticos de forma fraudulenta.

Los dos líderes del grupo se repartían los ingentes beneficios que se obtenían por permiso, a un precio fijo por carné en función de la categoría demanda. Este es el precio que cobraban a los conseguidores que, a su vez, cargaban a los beneficiarios la cantidad que querían en cada caso para obtener su propia ganancia. Para obtener cada permiso se pagaban cantidades que podrían oscilar entre los 3.000 a los 15.000 euros.

Con el dinero obtenido a partir de esta práctica delictiva, los principales investigados compraban propiedades inmobiliarias, vehículos y otros productos de lujo, y mantenían un ritmo de vida muy alto que no se podía justificar con el sueldo de la DGT en el caso del informático ni con la ausencia de ingresos del colíder. Una parte del dinero se enmascaraba con la adquisición de criptomoneda.

Explotación de la investigación

Una vez que los investigadores tuvieron clara la estructura jerárquica y de funcionamiento de la organización, de las personas que formaban parte y de qué roles ejercían, se llevó a cabo un dispositivo policial con 16 entradas y pesquisas en las localidades de Sant Feliu de Guíxols, Quart, Vic, Calonge y Llagostera y dos registros en las sedes de las jefaturas provinciales de tráfico de Girona y Guipúzcoa, y se detuvo a los catorce integrantes de la cúpula de la organización. El mismo día y en los días siguientes al operativo se detuvieron a 616 personas relacionadas con el entramado en 29 provincias españolas, principalmente los beneficiarios que habían pagado para obtener los permisos fraudulentos, y se espera que la cifra final de detenidos se acerque al millar.

Los agentes encontraron más de medio millón de euros en efectivo en el domicilio de familiares de la pareja del informático, que también formaba parte de la organización. Se intervino diversa documentación relacionada con falsificación documental y se intervinieron cinco coches, dos de los cuales de alta gama. Los beneficios obtenidos por la organización investigada son cuantísimos, superando los siete millones de euros.

Los catorce integrantes de la cúpula de la organización pasaron el jueves a disposición judicial y la jueza decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos.

Del número total de detenidos, la Policía Nacional llevó a cabo la detención de 105 personas fuera de Cataluña, concretamente en A Coruña (1), Álava (2), Alicante (17), Almería (1), Asturias (1), Baleares (13), Burgos (1), Cádiz (2), Granada (6), Guipúzcoa (2), Huelva (1), Jaén (1), La Rioja (2), Las Palmas (5), Lugo (1), Madrid (9), Málaga (4), Melilla (1), Murcia (12), Santa Cruz de Tenerife (4), Toledo (3), Valencia (9), Valladolid (4), Vizcaya (1) y Zaragoza (2).