Durante estos últimos días estoy leyendo diversas noticias que me llegan respecto a temas de normas legales, tanto de aquí, España, como de otros lugares del mundo.

Y lo primero que me viene a la cabeza es que legalidad y justicia son dos palabras que no siempre están en resonancia, no vibran en la misma armonía.

Esto lo podemos comprobar muy fácilmente dado que el sistema judicial de los países, al final, está politizado, y los partidos políticos, todos, sirven a sus propios intereses o a los dueños de su financiación. Sí o sí, sin excepción.

En España no hay más que ver cómo se elijen los órganos de control de la judicatura y a los miembros del Tribunal Constitucional. No me voy a entretener en esta cuestión. Para quien quiera saber, están las hemerotecas.

Para mí está clarísimo que una norma, por más rango de ley que tenga, aunque no sea un decreto-ley sacado de la manga por el gobierno de turno, por definición, no podemos asegurar que sea justa. Ejemplos hay abundantes. El panorama está plagado de leyes, a mi modo de ver, injustas.

Si me ciño al monotema “Covid”, la gestión política y legislativa de la situación ha hecho aguas por todas partes… y sigue haciéndolo. La fuerza desmedida que ejercen los grupos de presión (los llamados “lobbies”) sobre las autoridades de cualquier rango y área geográfica que tengan que tomar decisiones es bestial.

La facilitación normativa para que haya podido suceder lo que vemos actualmente: unos productos terapéuticos de contenido génico experimental que están siendo inoculados masivamente a la población sin las debidas precauciones y con el beneplácito, incluso festivo, de la población ante el hecho.

No sólo se propiciaron mecanismos para acortar los tiempos de fabricación de esos productos sino que, al tratarse de productos con sustancias modificadas genéticamente, se modificó velozmente en Europa el articulado sobre el manejo de dichas sustancias en un entorno de pandemia.

Los movimientos de los diversos parlamentos autonómicos españoles: primero Galicia, luego Aragón, Euskadi, Murcia… Ahora le ha tocado a Baleares… Se han generado textos legales en los que se modifican las leyes de sanidad hasta ahora vigentes, propiciando la legalidad del arresto, incautación de bienes, cierres de empresas, internamientos, tratamientos obligados, ocupación de centros de asistencia social…

Todo esto está siendo preparado para cuando haya una situación de alarma sanitaria futura. Y por designio de lo que dicten las autoridades, que parece ser que son las que saben todo. O sea, que podrán hacer con la población lo que les salga de sus partes pudendas, simplemente activando un estado de alarma sanitaria. Sin derechos legales. Legalmente conculcados por la misma norma legal. ¡Precioso!

Y únicamente somos cuatro gatos los que protestamos. No lo entiendo. ¿Dónde están los derechos de los ciudadanos a opinar, a moverse mientras no hagan mal a nadie, a tomar o no un tratamiento farmacológico “por el artículo 33”?

¿Qué opinaría la población si, de buenas a primeras, se nos obligara por decreto a ponernos un nuevo tratamiento quimioterápico contra el cáncer, cuando aún no se supiera si la persona estuviera afectada o no por un cáncer que afectaría gravemente a un porcentaje mínimo de la población? ¿Y si, además, dicho tratamiento no hubiera estado suficientemente estudiado en sus efectos a medio-largo plazo?

Es irracional tanto la audacia de los gobernantes y legisladores como la sumisión conseguida por la población en general, contaminada por los medios de comunicación diariamente con noticias de cifras de muertos, UCIS, más muertos, brotes y rebrotes de “nuevos casos y contagios”, (cuya mayor parte, dicho sea de paso, han sido asintomáticos y/o con cuadros leves), etc.

Es de actualidad la noticia de que la aplicación del estado de alarma por el gobierno de la nación en marzo de 2020 ha sido sentenciada por el Tribunal Constitucional español como inconstitucional… Pero, señores. ¿Cuánto les ha costado dictaminar que era inconstitucional? Haciendo cuentas, el estado de alarma se instauró en marzo 2020, y la sentencia del TC ha salido en pleno mes de julio de 2021.

Tercermundista… por no decir “descarado”. ¿A qué se ha dedicado ese grupo de juristas de altos vuelos durante este casi año y medio? ¿Qué otros temas podrían haber desbancado en importancia a éste, por el clima social generado y por su urgencia?

¿Cuánto tiempo hubiera sido deseable, cuánto tiempo hubieran debido utilizar los miembros insignes del TC para llegar a una resolución ante tamaña crisis social generada en España a resultas del confinamiento y resto de medidas coercitivas que impuso el gobierno central?

Pues considero que una o dos semanas, siendo generoso, serían suficientes para que los ilustres togados se reunieran en concilio y revisaran el articulado de la constitución y el de la norma impulsada por el gobierno.

Y, ante este tipo de cosas, en las que “las habas están contadas”, no me cabe en la cabeza cómo de once juristas prestigiosos, se hayan formado dos grupos: seis, los vencedores, y cinco los perdedores. Si algo es azul… me imagino que la amplia mayoría de los profesionales de la pintura, determinaría que ese objeto es azul, aunque pudiera haber algún tipo de matiz secundario.

Pues aquí no se han puesto de acuerdo en algo aparentemente tan claro (para los juristas) como que el estado de alarma no abarca la posibilidad de dictaminar confinamientos. Tal cual. Otra cosa es que se intentara valorar el fondo de la medida, la necesidad de hacer algo para controlar algo incontrolable en aquel momento… Pero parece ser que el recurso era bastante claro en ese sentido.

En estos momentos, a mí me la “refanfinfla” si quien puso el recurso de inconstitucionalidad ha sido VOX o la madre que los parió (perdón por la expresión). ¿A qué se pretende jugar de nuevo? ¿A cromos de partidos políticos? Son cosas simplemente de justicia. Vemos cómo la legalidad se pasa la justicia por el arco del triunfo.

El gobierno, como reacción frente a la resolución del alto tribunal, va y se cabrea, y dice que “la respeta pero no la comparte”… Incluso en un medio de comunicación leo que el gobierno “repudia” dicha resolución del TC. Sinceramente, sólo lo he visto en uno, pero me resulta significativo el uso de las palabras por su significado literal.

¿No habíamos quedado en que el TC era el más alto tribunal en cuanto a los temas que afecten a la Constitución española? Y ahora vamos a ver el siguiente movimiento de cartas políticas a la hora de llegar a un acuerdo en el reparto de cromos al renovar dicho tribunal.

¿Dónde se puede borrar uno de este escenario tan mediocre en el que no prima la justicia sino el poder omnímodo del gobierno de turno? Porque, no os confundáis. Este pastel del asunto Covid-19 se lo ha tenido que comer Sánchez, pero le podía haber tocado al del otro color… y no habría sido tan diferente. No nos engañemos.

Ya los diversos gobernantes de los 17 reinos de Taifas españoles están calentando sus motores para seguir generando nuevas restricciones ante una nueva ola (¿la quinta?) de PCRs+, la mayor parte asintomáticas, y con mortalidades casi ausentes.

Para el que quiera enterarse de lo que marcan las gráficas oficiales respecto a mortalidad, tanto en cifras absolutas semanales…

… como en comparativas con años anteriores (sistema MOMO)

Estamos en otra ola ficticia de “casos nuevos” con personas la mayor parte asintomáticas y sin apenas mortalidad.

Y ante el hecho de hacer pruebas masivamente, con cribajes por todos los lados pero sobre todo a población joven… ¿dónde creéis que van a encontrar a los “nuevos contagiados”? Pues claro, en las personas jóvenes. Existe una máxima en Medicina: si no piensas en un posible diagnóstico, no llegarás a él nunca. Allí donde se busca, se acaba encontrando.

La retención de centenares de jóvenes en las Islas Baleares, sin derechos, recluidos sin poder salir de sus habitaciones de hotel, simplemente porque hubo en algunos de ellos unas PCR+. Aunque tuviera una base legal por las medidas que se han tomado por su gobierno, ¿esta situación es justa?

Las injurias y la posterior decapitación y alejamiento de sus puestos de trabajo a personas, profesionales de la salud que han levantado sus voces ante lo que veían en sus centros y que no cuadraba con sus conocimientos de lo que es correcto o incorrecto en cuanto a actos médicos… ¿es realmente justo?

En la Comunidad Valenciana, su Tribunal Superior de Justicia ha apoyado las medidas de vuelta atrás en la capacidad de movimiento de la población, con toques de queda, limitación de reunión, etc. En cambio, en las Islas Canarias, no ha sido así, no las han apoyado.

Me figuro que lo que es de justicia, lo será tanto en Vitigudino como en la Conchimbamba, ¿no? Aunque la literalidad de las leyes se redacte con formas diferentes, lo que es justo es justo. Eso, al menos, era lo que yo creía que debía suceder en un país. Pues parece que no.

Ahora tenemos a los diferentes reyezuelos de las comunidades autónomas españolas pidiendo no sólo más mano dura en general, y más concretamente contra la juventud, sino incluso solicitando la aplicación del famoso pasaporte vacunal para el acceso a bares, actos culturales, restaurantes, discotecas, etc.

Y si ya asomamos la nariz a lo que está ocurriendo en los territorios del señor Biden, “es como para ir al baño a mear y no echar ni gota”: no sólo están siendo obligados a vacunarse los jóvenes, si quieren acudir a las universidades, sino que las empresas pueden exigir la vacunación a sus trabajadores para seguir manteniendo los puestos de trabajo.

Un ejemplo: en el hospital metodista de Houston (Texas), 153 sanitarios han tenido que dejar sus empleos tras negarse a ser vacunados.

Otra historia más: recientemente, se ha publicado que el presidente Biden va a pedir a las empresas proveedoras de mensajes de texto, los clásicos SMS, que controlen la “desinformación” sobre vacunas en los mensajes de texto privados. ¿Hasta dónde puede llegar la pérdida de libertad en esta humanidad? ¿Lo vamos a permitir?

¿Lo legal es justo?

Salud para ti y los tuyos.