La próxima semana, la ministra de Igualdad, Irene Montero; y la directora del Instituto de las Mujeres, María Antonia Morillas González; mantendrán dos encuentros con entidades y profesionales sanitarios para abordar la reforma de la ley del aborto, "dentro del proceso participativo abierto por el Ministerio el pasado mes de julio", explican desde el organismo a Redacción Médica. La meta del Ministerio es garantizar el acceso de las mujeres a este derecho "en cada hospital" del Sistema Nacional de Salud. 

En ambas reuniones, añaden fuentes del Ministerio, "se recogerán las impresiones y los puntos de vista de los profesionales sanitarios, tanto médica/os, ginecólogas/os, matronas, así como expertos en el ámbito de la Psicología o de la sexología". 

Uno de los aspectos de la normativa que más debate ha generado los últimos meses gira en torno a la objeción de conciencia a la que pueden acogerse los profesionales que tengan que participar en una interrupción voluntaria del embarazo. "Lo que nosotras creemos es que la objeción de conciencia no puede convertirse en desobediencia civil en bloque, sino que debe ejercerse de manera individual por cada profesional sanitario, al tratarse de un derecho personal", explica el Ministerio liderado por Irene Montero.

Quejas de los médicos por la reforma del aborto de Igualdad

Por su parte, el pasado mes de julio, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) respondió a la reforma propuesta por el Ministerio de Igualdad manifestando que "dificultar la objeción de conciencia del personal sanitario es una mala solución que resulta inaceptable, ilegal e injusta y que han de ser los Servicios de Salud y Servicios Sociales los que deben de realizar bien su labor y gestión para garantizar que las mujeres que se vayan a someterse a una interrupción voluntaria del embarazo cuenten con el apoyo apropiado".
 

No obstante, y coincidiendo en este punto con las explicaciones de Igualdad a este medio, los médicos destacaban que "la objeción de conciencia del personal sanitario es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica o procedimiento va en contra de sus convicciones y creencias". 

"La garantía de que una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible y sea accesible, trasciende el ámbito individual, se articula a través de las redes sanitarias, y tiene como protagonistas a los gestores, más que a los médicos/as", añadía la corporación médica advirtiendo que, "en muchas prestaciones de la cartera de servicios es difícil asegurar la misma accesibilidad en todas las poblaciones". Concretamente, en el caso del aborto, el Cgcom señalaba que "se identifican situaciones de baja accesibilidad".

En este sentido, los médicos aseguraban que "forzar la conciencia de los médicos para ampliar el número de facultativos disponibles en todas las poblaciones, lo que además de inconstitucional es una mala solución. Mejor sería que los servicios de salud y los servicios sociales hicieran bien su trabajo, y pusieran medios para que las mujeres que han de someterse a un IVE, tengan el apoyo apropiado en el caso de que sea necesario desplazarse". 
 

En este contexto, desde el Ministerio que dirige Irene Montero hacen hincapié en que "lo importante es que la regulación sea garantista para aquellos profesionales que quieran acogerse a su derecho y, a la vez, que esto no suponga una merma en los derechos de las mujeres a una salud sexual y reproductiva plena que incluye el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo". "En cada hospital tiene que haber profesionales sanitarios que no objeten, para que así ambos derechos se vean garantizados", sentencian. 

Papel de los sanitarios para la elección del método

En las próximas reuniones, desde el Ministerio de Igualdad quieren determinar qué papel jugarán los profesionales sanitarios en la elección del método para interrumpir el embarazo. "Lo queremos determinar con este proceso de participación y diálogo, realizar un ejercicio de escucha y de toma en consideración de los que nos quieren trasladar los y las profesionales sanitarios", añaden. 

Para proteger a los profesionales sanitarios que trabajan en clínicas del interrupción del embarazo a las que, frecuentemente, acuden personas contrarias al aborto, desde el organismo liderado por Montero ven "interesante" estudiar la regulación que han implantado países como como Francia o áreas sanitarias como la de Londres, "donde se establecen zonas seguras para que ni los profesionales sanitarios que practican este tipo de procedimientos ni, sobre todo las mujeres que allí acuden, se vean acosados o presionados por determinados grupos".  "Esto es fundamental porque la presión que sufren estas mujeres puede acabar coaccionando su propia decisión e impidiendo su libertad", consideran. 

Aborto farmacológico o quirúrgico

El pasado mes de enero, el Ministerio de Sanidad sacó a consulta pública la modificación de la ley del aborto en la que abogada por el aborto farmacológico hasta la novena semana y en Primaria. No obstante, la consulta fue retirada de la web para "corregir erratas", según trasladó Sanidad a este medio, y no ha vuelto a publicarse. 

Sobre esta cuestión, la propia ministra Montero se manifestó entonces en redes sociales afirmando que "la interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse de forma segura y efectiva para todas las mujeres y con acompañamiento médico especializado. El aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria".
 

Pasados los meses, desde Igualdad subrayan que "el Gobierno está comprometido con el blindaje del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo desde el Sistema Nacional de Salud, es decir, ofreciendo desde ahí las mejores garantías para la salud y la privacidad de las mujeres que quieren ejercer este derecho". Para ello, señalan que "los métodos farmacológico y quirúrgico deben convivir por necesidad a la luz de estos criterios".

"Uno de los grandes obstáculos en el acceso a este derecho es la imposibilidad de muchas mujeres en algunos lugares de nuestro país de abortar en hospitales públicos. Esto es inadmisible y esta reforma persigue eliminar ese obstáculo de una vez por todas", sentencian. 

POR ESTHER ORTEGA