El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un plan de evaluación de la presencia de amianto en edificios municipales, un documento en el que desde finales de 2019 han trabajado conjuntamente las áreas de Área de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad (Proyectos y Mantenimiento de Edificios), y el Área de Servicios Generales (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales). Ambas áreas se han coordinado, además, con el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral para seguir los criterios marcados por el mismo. El plan, del que se ha informado esta mañana a la Comisión de Presidencia, busca identificar los edificios de propiedad municipal con presencia de amianto y, en su caso, establecer unos criterios de actuación para cada infraestructura.

La identificación del amianto en edificios municipales es un proyecto extenso, tanto técnica como económicamente, ya que el Ayuntamiento de Pamplona posee más de 290 propiedades construidas o reformadas antes de la prohibición del amianto y están distribuidas en oficinas con personal propio, centros educativos, polideportivos, locales sociales, pisos, aparcamientos subterráneos, aseos etc.., y tiene también personal que desarrolla su actividad laboral en edificios que no son de propiedad municipal. Además, el estudio pormenorizado sobre la presencia de amianto deberá ser realizado por una empresa especializada con personal técnico cualificado debidamente certificado y no ha sido hasta enero de este año cuando se ha aprobado la normativa que regula los requisitos y la metodología para la localización y diagnóstico de materiales con amianto.

Aunque hoy no existe prácticamente ninguna posibilidad de exposición directa importante, en los edificios anteriores a 2002 –año en que se prohibió el uso de este material- sí podría haber presencia de este material, aunque de forma no accesible. Por ello el plan prevé dos medidas, por un lado, implementar una partida presupuestaria para poder completar el estudio de exposición de amianto, con inspecciones y toma de muestras de forma que se pueda conocer la actuación exacta a realizar en cada uno de los edificios y, por otro, prever que siempre que se redacte o ejecute cualquier obra se realice un estudio pormenorizado de la existencia de amianto, valorando las posibles soluciones a adoptar.

No hay exposición directa, si no hay obras

Prácticamente la totalidad de los edificios construidos o reformados entre el año 1965 y 2001 pueden contener amianto en alguna de las múltiples formas en que se colocó el fibrocemento en España. Este material fue prohibido en el año 2002, pero, aunque dejo de instalarse, su ciclo de vida dura entre 30 y 50 años. El amianto tiene varios factores de riesgo: la cantidad y la composición de las fibras, su friabilidad (capacidad de desprender fibras al aire) y su accesibilidad (si el amianto está confinado, se evita la exposición), por lo que, incluso existiendo presencia de este material, no en todas las circunstancias es necesario proceder al desamiantado de un edificio.

El grupo de trabajo se ha centrado en los edificios destinados a uso educativo y oficinas con posibilidad de exposición al amianto. Aunque se conoce que a partir de 2002 el amianto no se usaba en absoluto, solo se encuentran registradas de forma digital las reformas de infraestructuras realizadas a partir de 1999, lo que dificulta el rastreo. Usando ese criterio temporal. en la actualidad prácticamente ningún trabajador del Ayuntamiento de Pamplona desarrolla tareas que conlleven una exposición directa al amianto, por lo que el riesgo es prácticamente nulo para los trabajadores municipales. El único servicio con exposición directa municipales es el Cementerio Municipal, puesto que existe amianto en algunos cerramientos de nichos. Esa exposición es, en todo caso, esporádica y de intensidad baja, al tratarse de material no friable.

Sin embargo, sigue siendo necesario analizar pormenorizadamente los edificios porque en trabajos de mantenimiento, rehabilitación, reparación, demolición o pequeñas reformas, normalmente realizados por contratas externas, los trabajadores pueden encontrarse con algún elemento estructural del edificio que contenga este tipo de material y cuyas fibras se conviertan, por las propias obras, en accesibles y friables.

Los residuos: tratamiento especial

El amianto está considerado por la Unión Europea como residuo especial. Esto implica que cuando se procede a desamiantar un edificio o a hacer un derribo, se ha de tratar como tal y siempre siguiendo la normativa vigente. Lo previsto por el plan es que el Ayuntamiento de Pamplona desde el Área de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad a través de Agenda 21, asesorará en la gestión de los residuos especiales que se generen de forma segura cuando el Consistorio sea el productor directo.

El plan expuesto hoy en la Comisión de Presidencia responde así a la declaración aprobada en ese mismo foro el 29 de octubre de 2019 en la que se pedía la realización de un estudio que reflejase la presencia o no de amianto en todos los edificios de propiedad municipal, priorizando los edificios de propiedad y uso público intenso y comenzando por los que sean utilizados de manera habitual por la infancia y la juventud. La declaración recogía la necesidad de hacerlo en colaboración con el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral, entidad coordinadora del Plan Director de Amianto en Navarra, para recibir información precisa sobre posibles criterios o ayudas en este ámbito.