La irrupción de coronavirus provocará la entrada en recesión de la economía española lo que  obligará a una profunda transformación del imaginario colectivo. Así, el retorno a escenarios de recesión económica provocará el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales, con lo que el retorno al medio rural se perfilará como una alternativa seria. Así, asistiremos a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores debido a la congelación o dramática reducción de los salarios lo que unido a la ausencia de la cultura del ahorro doméstico provocará una severa contracción del consumo interno.  

Asimismo, el drástico descenso de los ingresos del Estado y el bestial incremento de las prestaciones de Desempleo conllevará  una dramática reducción de los subsidios sociales que afectaría a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, a las pensiones de jubilación y viudedad y a los sueldos de los funcionarios así como la subsiguiente contracción de inversiones en Infraestructuras Básicas. Finalmente, la tasa de paro escalará hasta  niveles desconocidos desde la época de la posguerra española debido al  efecto dominó en la declaración de EREs en las empresas lo que aunado con el retraso de la jubilación a los 67 años y la generalización de la precariedad laboral con salarios tercermundistas e interinidad vitalicia podría facilitar el éxodo al medio rural de la población urbana afectada por la asfixia económica, con la consiguiente revitalización de extensas zonas rurales, rejuvenecimiento de su población y regreso a escenarios  de economía sostenible.

Agricultura, ganadería y explotación forestal son sectores que llevaban décadas en decadencia, ahogados por la competencia desleal que imponía la economía global y sin embargo tienen un enorme potencial para crear eco-empleo pero para ello sería necesaria la implementación por la UE de medidas proteccionistas (Fomento del Consumo de Productos nacionales), en forma de ayudas para evitar la deslocalización de empresas y subvenciones a la industria agroalimentaria para la Instauración de la etiqueta BIO a todos sus productos manufacturados. Así, se podrían crear en Navarra cerca de 200.000 puestos de trabajo apoyando la producción ecológica de alimentos, incentivando el consumo local de productos agrícolas y ganaderos autóctonos y promoviendo la conversión de la actual industria forestal hacia explotaciones que cultiven especies de mayor valor añadido o que produzcan de forma sostenible la biomasa que necesita el país para reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

Germán Gorraiz