La ministra Ana Redondo, que ha presidido esta primera Conferencia Sectorial de Igualdad de la legislatura, ha destacado la importancia de un reparto de fondos que "apuntala políticas públicas de igualdad en todo el territorio y que garantiza un mínimo de derechos a todas las mujeres en nuestro país, vivan en la Comunidad Autónoma que vivan".

La distribución se realiza tras su autorización por parte del Consejo de Ministros y cumple con los criterios de distribución establecidos por la Comisión Sectorial, máximo órgano de cogobernanza entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

De la cuantía total, 140,2 millones de euros están destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se destinarán, por tanto, a financiar programas de lucha contra la violencia de género, que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus competencias en 2024.

A través de este fondo finalista, el Gobierno garantiza su compromiso económico para garantizar la estabilidad y permanencia de las políticas públicas y de los servicios que se derivan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consolidando el trabajo frente a la violencia contra las mujeres en el conjunto del Estado.

Se trata, en definitiva, de lograr la articulación de una respuesta integral, eficaz y coordinada de todas las instituciones con competencias en materia de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres; mantener y mejorar, en todo el territorio del Estado, la red de recursos, servicios y prestaciones destinados a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas de violencia contra las mujeres; promover las acciones de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres o reforzar la formación de todos los profesionales que trabajan con las víctimas, con el fin de garantizar la mejor respuesta institucional.

Plan Corresponsables

Además, la Conferencia Sectorial ha aprobado la distribución de 190 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas, destinados al desarrollo del Plan Corresponsables en el año 2024.

Enmarcado en la Estrategia Europea de Cuidados, el Plan significa un avance hacia la consolidación de las políticas públicas que abordan los cuidados como un derecho, a través de tres ejes de acción. En primer lugar, facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 16 años de edad mediante la puesta en marcha de servicios de cuidado personal.

Por otra parte, tiene como fin crear empleo de calidad en el sector de los cuidados de menores de hasta 16 años, acompañado del despliegue de un sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia informal y no profesional.

Finalmente, en tercer lugar, pretende sensibilizar y formar a la sociedad, especialmente a los hombres, en materia de corresponsabilidad y cuidados, con el fin de impulsar modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias.

Estos tres ejes de acción se materializan a través de proyectos y planes específicos que llevarán a cabo las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

Programas autonómicos

Finalmente, los 19,8 millones restantes se invertirán en distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales. En concreto, esta cuantía, recogida en el presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, financiarán el desarrollo de cuatro programas para su desarrollo a lo largo de 2024.

Por una parte, 8,5 millones de euros corresponden a programas para hacer efectivo el derecho a la asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores de edad. Otro millón se destinará a programas para la implementación de la propuesta común de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género. Otros 9,5 millones de euros tienen como finalidad financiar programas para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales. Finalmente, los 800.000 euros restantes corresponden a programas de prevención de explotación sexual a menores tuteladas.