El Gobierno traslada a Canarias una modificación legislativa para la distribución obligatoria de menores migrantes

El Gobierno de España ha presentado al Gobierno de Canarias el texto elaborado tras la última Comisión Interministerial de Inmigración para la Proposición de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Ese texto está centrado en el establecimiento de un sistema de distribución de responsabilidades entre comunidades autónomas para la acogida y atención de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla. Si bien se recoge que podrán establecerse reglamentariamente las necesarias adaptaciones en función de la evolución y la ampliación de dicho régimen a otros territorios.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, ha entregado al presidente de Canarias el último borrador, que es también resultado de encuentros técnicos celebrados anteriormente con el Gobierno de Canarias.

En la reunión informativa, en la que Torres ha estado presencialmente en Las Palmas de Gran Canaria, ha intervenido telemáticamente la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Ambos han explicado a Fernando Clavijo los detalles del documento que permitiría aliviar la situación existente en el archipiélago, que en estos momentos tiene a cargo a más de 5.500 menores no acompañados.

El ministro ha asegurado que el Gobierno de España está abierto a valorar distintas fórmulas, pero defendió que una proposición de ley es la forma más segura. Remarcó que "si sale adelante este texto, podrían ser distribuidos 2.500 menores que están en las islas en el plazo máximo de un año después de su identificación".

Torres expuso que el límite de la acogida en Canarias se situaría en 3.000 niños, niñas y adolescentes y que, a partir de esa cantidad, los menores que vayan llegando podrán ser distribuidos "de la forma más ágil e inmediata posible y siempre preservando el derecho superior del menor".

Reclamó el máximo consenso para que la modificación salga adelante con el apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados e insistió en la importancia de sacar adelante esta modificación legislativa con el máximo consenso e implicación política. "Nunca hemos estado tan cerca de establecer un sistema de distribución de responsabilidades entre comunidades autónomas".

El ministro reivindicó "responsabilidad y altura de miras a todas las formaciones políticas. Es importante que el PP, que cogobierna en Canarias y que gobierna en Ceuta y Melilla, vote favorablemente", concluyó.

Por su parte, Sira Rego ha defendido la puesta en marcha de este "modelo de acogida solidario y vinculante, que pone en el centro los derechos de la infancia migrante no acompañada". También, la ministra ha puesto en valor que "esta reforma afronta el fenómeno migratorio como un fenómeno estructural y dinámico".

El texto recoge que mientras en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia no se apruebe el modelo de gestión de contingencias -con el conjunto de criterios objetivos para la reubicación de las personas menores de edad migrantes no acompañadas entre las diferentes comunidades autónomas; la regulación del mecanismo de derivación de las personas menores de edad migrantes no acompañadas a otras comunidades autónomas y los criterios para la determinación de plazas por comunidad autónoma en caso de derivación-, se aplicarían los criterios para la redistribución territorial y la asignación de la tutela y custodia de las personas menores de edad migrantes no acompañadas aprobados en la reunión de 27 de julio de 2022 de esa conferencia.

Plan de Respuesta

Con la modificación legislativa se regularía el Plan de Respuesta que contendrá la redistribución territorial de las personas menores de edad migrantes no acompañadas. Dicho Plan tendrá carácter obligatorio para las comunidades autónomas e incluirá las medidas relativas a la financiación que se estimen necesarias. Se prevé que el Plan se apruebe en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley.