Teresa Ribera ha refrendado el compromiso de España de proteger el 30% de las aguas marinas españolas. En un diálogo con la presidenta y fundadora de la organización 'Mission Blue', Sylvia Earle, con motivo del Día de los Océanos, que se celebra hoy, Ribera ha apostado por una recuperación "verde y azul", que evite "caer en los errores del pasado" y que sea coherente con los objetivos que se ha fijado la UE y Naciones Unidas, que apuestan por alcanzar el 30% de superficie terrestre y marina protegida cuando finalice esta década.

"La recuperación de una crisis global, como la que estamos atravesando, tiene en la transición ecológica grandes oportunidades. No nos podemos permitir caer en los errores del pasado y dedicar los fondos de la recuperación a refinanciar un modelo de economía lineal. El planeta, y nuestros océanos, no lo pueden sostener por más tiempo", ha señalado.

Y ha añadido: "En un momento como el actual, en el que debatimos qué tipo de países y de planeta queremos recuperar, es clave asegurar que la financiación para esa reconstrucción se emplee de forma adecuada, situando los jóvenes en el centro. No podemos seguir aumentando la hipoteca ambiental que les vamos a dejar. Al contrario, es preciso reducir esa deuda que socava sus expectativas de futuro y su calidad de vida".

Objetivo 30% en 2030

En su intervención, la vicepresidenta ha apelado a que, en el proceso de recuperación, "no se pierdan de vista los dos principales desafíos a los que se enfrenta la humanidad: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad". "Para recuperar nuestros mares y océanos es urgente acelerar la acción climática y promover la economía azul".

En este sentido, aboga por seguir trabajando para alcanzar el objetivo de protección del 30% de la superficie marina nacional. Este objetivo se alinea con el marcado por la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea (UE), recientemente presentada, y con el aumento de ambición a escala internacional que España, junto a otros países, defiende a través de la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y la Gente, de cara a la próxima conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica (CBD).

En la actualidad, España cuenta con aproximadamente el 13% de sus aguas marinas protegidas, por encima del objetivo establecido en las Metas de Aichi de la CBD, que marca que al menos el 10% de las zonas marinas y costeras se encuentren protegidas en 2020. En los últimos años, las áreas de protección españolas se han visto incrementadas con la declaración, en 2018, del Corredor de Cetáceos del Mediterráneo como Zona Marina Protegida, con 46.385 km2; y la ampliación del Parque Nacional de Cabrera, llevando la superficie marina total protegida a más de 90.000 hectáreas.

"Hemos de seguir trabajando. España cuenta de 8.000 kilómetros de costa, lo que nos ofrece una idea del importante margen de mejora que tenemos por delante", ha indicado.

En este punto, Ribera ha expresado su deseo de que en el futuro el Mar Menor sea considerado como uno de los "Puntos de Esperanza" que declara la organización 'Mission Blue', como ya ha hecho con entornos costeros de Tenerife y de La Gomera. Para lograrlo, ha apuntado, es necesario trabajar de forma coordinada en medidas estructurales que reduzcan las importantes que presiones que sufre la laguna que, a su juicio, reproduce las problemáticas del Mediterráneo a pequeña escala.

Avances en la economía circular y cambio climático

Junto al trabajo de identificación y gestión de áreas marinas protegidas, y la conservación de la superficie costera y marítima nacional, Ribera ha insistido en la necesidad de que los planes de recuperación se diseñen respetando el medio natural, evitando cualquier tipo de relajación en la normativa de protección ambiental. Según ha explicado, esta es la premisa sobre la que trabaja el Pacto Verde de la UE, convertido en la columna vertebral de las políticas de reconstrucción comunitarias.

De igual modo, este principio de conservación de los medios terrestre y marino constituye la base del trabajo normativo que ha presentado el Gobierno de España en las últimas semanas, de acuerdo con la Declaración de Emergencia Climática: el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Economía Circular 2030 y el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, en los que se abordan cuestiones clave para la conservación de los océanos como las pesquerías sostenibles, la restricción de exploraciones para la explotación de hidrocarburos o las basuras marinas.

Se unen a este paquete normativo otros dos instrumentos de planificación: el Plan Nacional de Energía y Clima y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ambos para la periodo 2021-2030. Todo ello constituye un marco de actuación claro que permitirá al país aprovechar todas las oportunidades que ofrece la transición ecológica en términos de generación de empleo y de actividad económica, optimizando los usos sostenibles del medio natural.

Este marco identifica los nichos de actividad con mayor potencial para abordar una recuperación verde y azul, y señala palancas que contribuirán a avanzar hacia un modelo económico respetuoso con los límites del planeta: mejora del conocimiento científico, educación ambiental, apuesta por soluciones basadas en la naturaleza y la cooperación internacional, entre otras. En este sentido, hoy, lunes 8 de junio, el Gobierno de España ha firmado su adhesión al Grupo de Amigos para Combatir la Contaminación Marina Plástica, un grupo de trabajo internacional que tiene como objetivo crear un espacio para continuar avanzando en los esfuerzos para abordar este problema ambiental en el marco de Naciones Unidas.