Cada vez aumentan más las evidencias científicas que relacionan la destrucción de la naturaleza y el cambio climático con la propagación de pandemias devastadoras como la Covid-19. La recuperación económica y la transición ecológica requieren una profunda reparación del planeta Tierra. En la actualidad cada vez hay más conciencia de estar ante una emergencia climática, otra cosa es la respuesta que se le está dando, pero quizá el mensaje que nos envía la naturaleza a través de la crisis del coronavirus nos permita comprender mejor las interacciones entre los ecosistemas, la economía y la salud.

Las actividades humanas están explotando la naturaleza mucho más rápidamente de lo que pueda ella misma renovarse. Casi tres cuartas partes de la superficie de la Tierra no cubiertas por el hielo ya se han visto significativamente alteradas. Se han perdido más del 85% de los humedales y la mayoría de los mares están muy contaminados por el vertido de residuos, como los plásticos. La biodiversidad de nuestro planeta está disminuyendo a un ritmo nunca visto en cualquier otro momento de la historia de la humanidad.   

Hay muchas expectativas actualmente en torno a la llamada “recuperación verde” de las diversas crisis que tenemos. Sobre todo, contando con la disponibilidad de un gran volumen de recursos económicos, especialmente a través del Instrumento Europeo de Recuperación, que implicará para el Estado español unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-26.

Pero según se empiezan a perfilar los tipos de proyectos y la gestión de los fondos previstos aparecen sombras sobre las oportunidades que pueden ser mejor aprovechadas para construir verdaderas trayectorias de sostenibilidad y resiliencia. Lo que sí se perciben, por el momento, son numerosas manifestaciones en favor de proyectos destinados a la transición energética, especialmente energías renovables, movilidad eléctrica, infraestructuras eléctricas, redes inteligentes, hidrógeno verde, etcétera, de los que pueden beneficiarse grandes empresas privadas.

Una primera consideración sobre ello, y viendo cómo se están desarrollando las cosas es que estamos asistiendo a una carrera por ver quien es más verde. Y una segunda consideración, es que la aceleración de las inversiones en el despliegue de las renovables, entraña riesgos, porque quienes pueden abordar grandes inversiones en cortos plazos de tiempo son fundamentalmente grandes empresas y fondos de inversión. 

Por otra parte, hasta ahora, no hay muchas expresiones interesadas en inversiones ambientales genuinas, como las destinados a mejorar el capital natural y sus ecosistemas, cuando, en mi opinión, en las políticas de recuperación postpandemia, las inversiones ambientales y las denominadas “soluciones basadas en la naturaleza” deberían tener un gran protagonismo.

En este sentido, los nuevos planes de recuperación y de transición ecológica deben explotar el potencial de la creación de activos naturales, como las “infraestructuras verdes”, esenciales también para la adaptación climática, y tener en cuenta las interacciones económicas positivas que se generan. Además, una parte sustancial del capital natural está constituida por sistemas cultivados. Todo ello, sirve tanto para asegurar una buena alimentación, propia de una vida saludable, como para contribuir a preservar la diversidad biológica, evitar la contaminación en los sectores primarios, combatir el vaciamiento demográfico y favorecer el progreso rural.

Pero parece que en nuestra comunidad algunas cuestiones van en el sentido inverso. Últimamente estamos asistiendo a los mensajes publicitarios lanzados por la empresa Solaria en los que afirma que su pretensión de construir tres parques solares en los términos municipales de Adiós y Muruzabal, con una potencia de 150 MW, y una extensión total de unas 300  hectáreas de tierra fértil, que equivale a 400 campos de fútbol, supondrán  “crear unos 900 puestos de trabajo, sin perjuicio de que se creen más en el mantenimiento posterior de las plantas, importantes ingresos a los ayuntamientos de la zona a través de los impuestos y tasas locales, y, además, no producirán ningún tipo de impacto ambiental, y son perfectamente compatibles con la flora y la fauna existente en la zona”. Parece como el “país de las maravillas”, pero no es así, ni mucho menos. Todo lo contrario. Van a suponer más empobrecimiento de nuestro entorno, más despoblación, menos turismo rural y la práctica desaparición de la agricultura.

Pero, además, nada dice Solaria de la ruptura del tejido social y comunitario, que ya es una evidencia para la pequeña comunidad de vecinos de esos pueblos de Valdizarbe, y que, de llevarse a cabo la implantación de esta instalación megalómana y desproporcionada, vería alterado significativamente su modo de vida, sus costumbres y sus valores culturales, sustentados en un paisaje agrario modelado durante cientos de años. Tampoco habla de la presión que estas grandes empresas ejercen sobre el colectivo cada vez más reducido de jóvenes agricultores -en Navarra ya sólo quedan 78- que se ven desplazados de su espacio de trabajo y que su futuro pasa por seguir cultivando las mismas tierras que han alimentado generaciones enteras y que dejarían de producir miles de toneladas anuales de cereal, incrementándose así la necesidad de importar grano de otros territorios.

Sin duda, hay que prestar mucha atención al contenido y alcance de los proyectos de recuperación supuestamente “verdes”. Especialmente, frente a los fraudulentos proyectos de “reverdecimiento” que frecuentemente se establecen a través de las prácticas empresariales conocidas como greenwashing o “blanqueo ecológico”.

Tal como están las cosas, mientras se elabora una planificación democrática de generación y distribución de energía, el Gobierno de Navarra debe aprobar una moratoria de todos los proyectos de instalaciones industriales eólicas y solares previstas, tal como lo han solicitado Salvemos El Perdón 4.0-Erreniega salba dezagun 4.0 y otras tantas plataformas, colectivos ecologistas y los sindicatos UAGN y EHNE.

Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente